El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.

«No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados», dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.

La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro declaró en una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.

«El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus», lamentó.

«¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?», cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.

«¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?».

Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.

«No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien», dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.

«Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela».

Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela, un país que el gobierno de Estados Unidos califica como una «dictadura» y con el que ha mantenido una relación hostil, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

La asignación del TPS depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones «temporales y extraordinarias» que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.

La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal, reconoce que se mantienen «ciertas condiciones» que justifican el TPS en Venezuela.

Sin embargo, asegura que hay «mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen».

Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.

Anunció la extensión del TPS porque Venezuela «continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia».

La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en «el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza».

Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política.

Aunque al menos 85% de esos venezolanos se instalaron en América Latina, miles entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.

Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.

«Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas».

Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.

«La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos», dijo la activista venezolana Helene Villalonga, presidenta de la organización Amavex.

Muchos habitantes de Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.

«En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela», afirmó Villalonga.

En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.

Tras recibir a Richard Grenell, un emisario de Trump, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si la Casa Blanca levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el «primer paso» para una agenda de entendimiento.

La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.

Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.

«No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos», dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.

La decisión de Noem señala que es «contrario al interés nacional» permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.

«Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA», dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.

Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.

«Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?», dijo ante los periodistas. «Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive».

«Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos», aseguró.

«Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas», advirtió Helene Villalonga. «Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes».