El gobierno de Trump designa a los carteles mexicanos y al Tren de Aragua como «organizaciones terroristas»: qué significa y qué consecuencias puede tener
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Cumpliendo con una de las tantas órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump en su primer día como presidente, Estados Unidos anunció que a partir del jueves designará a una serie de carteles mexicanos como «organizaciones terroristas extranjeras».
Según lo dado a conocer por medio de un documento firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, se trata del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); grupos de larga trayectoria como el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana; el Cartel del Noroeste (CDC, una escisión de los Zetas), y Carteles Unidos, un conjunto de células que opera en el sur de México.
También se suman a la lista negra, por considerar que «representan una amenaza similar», el Tren de Aragua, una banda surgida en una cárcel de Venezuela y con presencia en otros países de América Latina, y la Mara Salvatrucha o MS-13, la pandilla nacida en las calles de Los Ángeles en la década de los 80 y que durante décadas causó estragos en El Salvador.
«Designo a las organizaciones antes mencionadas y sus respectivos alias como organizaciones terroristas extranjeras», determinó el jefe de la diplomacia estadounidense.
La decisión de Rubio cumple con la orden ejecutiva que firmó Trump en el primer día de su mandato, cuando ordenó declarar a los carteles del narcotráfico como grupos terroristas.
«México probablemente no lo quiera, pero lo tenemos que hacer», dijo el presidente en el momento de rubricar la decisión el 20 de enero en el Despacho Oval.
«Las actividades de los carteles amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de EE.UU. y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental», se leía en la decisión presidencial, en la que se daba al Departamento de Estado 14 días para emitir una recomencación.
Pero ¿qué implica la decisión? ¿Es realmente una medida relevante a la hora de combatir a estos grupos? ¿Y por qué México se opone?
BBC Mundo te responde a esa y otras preguntas sobre la polémica medida.
¿Qué es la lista de «organizaciones terroristas» y por qué incluir los carteles y el Tren de Aragua ahora?
La gestiona el Departamento de Estado, y hoy por hoy la integran 75 grupos y personas físicas, que van desde las yihadistas Al Qaeda y Estado Islámico, pasando por la palestina Hamás, hasta las FARC y el ELN en Colombia y Sendero Luminoso en Perú.
Para ser designadas como tales, las entidades deben cumplir tres criterios: ser extranjeras, participar en actos de terrorismo o tener la intención de hacerlo, y ser «una amenaza para la seguridad de los estadounidenses o para la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos de EE.UU.».
La idea de sumar el Tren de Aragua y la MS13 a la lista era más reciente, pero en el caso de los carteles llevaba años sobre la mesa, a pesar de que —a falta de un objetivo político o ideológico y con el lucro como fin último— no encajen en la descripción tradicional de grupos terroristas.
El Congreso lo propuso en 2011, sin éxito, después de la muerte de dos estadounidenses a manos de grupos del narco. E hizo otro intento en 2019, tras el asesinato de nueve miembros de la familia mormona LeBaron, mujeres y niños con doble nacionalidad, en una zona del norte de México fronteriza con EE.UU.
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El demócrata Barack Obama ya lo barajó cuando fue presidente y Trump lo trató de impulsar durante su primer mandato.
Pero fue en los últimos años, cuando las muertes por fentanilo —una de las drogas que trafican los carteles a través de la frontera— se empezaron a contar por decenas de miles, cuando la idea fue ganando apoyo.
En septiembre de 2022, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, emitió una órden ejecutiva con ese objetivo y dio instrucciones al Departamento de Seguridad Pública del estado que multiplicara sus esfuerzos para proteger a los texanos de la «crisis del fentanilo».
Al año siguiente, 21 fiscales generales republicanos le pidieron al entonces presidente, Joe Biden, que ordenara la inclusión de las organizaciones mexicanas dedicadas al narcotráfico en el listado.
Los carteles «han matado más estadounidenses que cualquier organización terrorista del mundo», dijo el pasado noviembre Tom Homan, el «zar de la frontera» de la administración Trump.
Y aseguró que presidente estadounidense estaba «comprometido a designarlos como organizaciones terroristas y a utilizar todo el poder de las Operaciones Especiales de EE.UU. para eliminarlos».
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¿Qué cambios implica en su combate?
Los expertos subrayan que EE.UU. tenía ya distintos marcos legales para perseguir a estos grupos sin tener que declararlos «organizaciones terroristas extranjeras».
En el caso del Tren de Aragua, y tras un informe del Departamento de Seguridad Nacional que identificaba a presuntos miembros de este grupo criminal en 16 estados del país, Biden lo sumó recientemente a la lista de «organizaciones criminales transnacionales», a la que ya pertenecía la MS13.
Para combatir a las organizaciones mexicanas que controlan el tráfico de drogas, el gobierno estadounidense ha utilizado de forma constante la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros de 1999, más conocida como la «ley de capos» (Kingpin Act).
Su propósito es negar a aquellos que son considerados figuras de peso en el tráfico internacional de estupefacientes, a sus empresas y sus agentes el acceso al sistema financiero de EE.UU., así como la posibilidad de hacer negocios con compañías y ciudadanos estadounidenses.
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De la misma manera, los principales efectos de estar en la lista de «grupos terroristas extranjeros» serían financieros, ya que la designación facilita a EE.UU. el bloqueo de flujos de capital y el combate al blanqueo de activos.
En ese sentido, «las consecuencias jurídicas de la ‘ley de capos’ no difieren sustancialmente de las de la designación de una ‘organización terrorista extranjera'», apunta en un análisis sobre el tema María Calderón, del Instituto México del Wilson Center, un centro de estudios no partidario con sede en Washington.
Aunque la nueva herramienta podría ampliar la capacidad del gobierno para perseguir a aquellos que les proporcionen servicios o «apoyo material», matiza Calderón en su reporte, publicado en febrero del año pasado y titulado Mexican Cartels and the FTO debate («Los carteles mexicanos y el debate de las organizaciones terroristas extranjeras»).
Eso mismo le dijo Jason Zablakis, quien supervisó dicho proceso de designación en la Oficina de Contraterrorismo (CT) del Departamento de Estado entre 2008 y 2018, a BBC Mundo.
Esto podría ser castigado con multas o con penas de hasta 20 años de prisión, o incluso la cadena perpetua si hay una muerte de por medio. Aunque no está claro cómo se aplicaría, por ejemplo, a vendedores de drogas en EE.UU. cuyos clientes mueran por sobredosis.
«(De ocurrir) va cambiar la manera en la que los agentes estadounidenses arman sus casos contra los carteles, porque antes tenían que justificar una amenaza a un ciudadano estadounidense, mientras que ahora cualquier vínculo con el grupo ya es motivo de investigación», le dijo hace unas semanas a BBC Mundo Ioan Grillo, un periodista inglés que lleva 24 años cubriendo la violencia en México.
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«Mucha gente puede entrar al pliego de sospechas de los agentes, y esto tiene consecuencias quizá no deseadas, como ir detrás de gente que fabrica armas en Estados Unidos, y gente que quiere aplicar a asilo en EEUU.», añadió.
Y es que la designación establece que el ingreso de cualquier extranjero que «apoye, represente, entrene o sea miembro» de una «organización terrorista extranjera» es inadmisible y que, en ciertas circunstancias, puede ser expulsado del país, una medida que también se aplicaría a su familia.
«Pero las ventajas de la denominación son mínimas, porque en última instancia muchas de estas medidas ya hoy se pueden tomar contra estas organizaciones», reiteró Blazakis.
¿Abre la puerta a una eventual operación militar de EE.UU. en territorio mexicano?
Mientras Trump firmaba órdenes ejecutivas en el Despacho Oval el 20 de enero, un periodista le preguntó si la designación de los carteles como «organizaciones terroristas» allanaba el camino para una operación militar de EE.UU. en México.
Y este martes volvió a despertar la controversia al afirmar que «México está gobernado en buena medida por los carteles», para justificar las misiones de espionaje con aviones espía y drones no tripulados ordenados en los últimos días.
Estos vuelos no son nuevos, pero medios como The New York Times, The Washington Post y la cadena CNN informaron esta semana que desde la llegada de Trump al poder se han multiplicado, a propósito del endurecimiento de la política de la Casa Blanca contra el crimen organizado.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió este miércoles a la polémica asegurando que «no hay nada ilegal» con los vuelos y que las noticias al respecto forman parte de «una campaña para socavar» los esfuerzos de México en el combate de las estructuras criminales.
«No estamos de acuerdo ni aceptamos esas aseveraciones», subrayó además en referencia al comentario de su homólogo estadounidense sobre el presunto control de los carteles sobre el país.
«Tenemos la obligación de buscar siempre un acuerdo con EE.UU., siempre en el marco de nuestros principios y por supuesto de la Constitución», agregó, marcando la soberanía del país como una línea roja que su gobierno no está dispuesto a cruzar en la relación bilateral.
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La designación de organizaciones terroristas «no garantiza una intervención militar, pero se acerca», opinó por su parte Grillo.
«Más que sentar las bases de una intervención en suelo mexicano, la implicación de esto es sobre las empresas que tienen vínculos con los carteles», señaló por su parte Guadalupe Correa-Cabrera, una profesora de la Universidad George Mason, en Estados Unidos, que ha estudiado durante años las causas de la violencia en México.
«Se van a cancelar visas, se van a cancelar cuentas, pero para que haya una injerencia mayor en México tienen que pasar por muchas más instancias legales en EE.UU. No basta con una orden ejecutiva», le explicó la investigadora a BBC Mundo.
Desde una perspectiva jurídica, la designación no facilita una incursión militar de EE.UU. en territorio mexicano. Sin embargo, algunos analistas apuntan a que podría servir como trampolín político hacia ello, al ayudar a construir una justificación.
«No hay nada en el lenguaje legal de una designación como ‘organización terrorista’ que autorice cualquier tipo de acción militar», le dijo a la agencia Reuters Elisabeth Malkin, subdirectora de programas para América Latina de International Crisis Group. «Pero podría cambiar la mentalidad en Washington».
En respuesta a unas preguntas enviadas por esa misma agencia, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes, dijo en un comunicado que «más allá de las herramientas adicionales que esta designación proporciona al presidente Trump y su administración, envía un mensaje claro a los carteles que amenazan a los ciudadanos estadounidenses».
La soberanía, la línea roja
Pero «ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio», subrayó, y recordó que el nuevo secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, apostó por privilegiar la cooperación.
Los partidos de oposición también cerraron filas con el oficialismo en este tema. El conservador PAN, la formación opositora mayoritaria, rechazó cualquier posibilidad de «intervencionismo extranjero».
Sin embargo, los expertos no dudan que la designación aumenta la presión para que el gobierno de Sheinbaum —con el discurso de afrontar el problema mediante las ayudas sociales y atendiendo la desigualdad— obtenga resultados en política antidrogas que sean medibles en los términos de la administración Trump.
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Lo hace en un contexto en el que en el estado norteño de Sinaloa se libra desde hace meses una guerra entre las dos facciones del Cartel de Sinaloa. El desencadenante fue el arresto en julio por parte de EE.UU. de uno de los jefes de la organización, Ismael «El Mayo» Zambada, en El Paso, Texas.
Y en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre ambos países se adivinan tensas, no solo en el tema de la seguridad binacional, sino también en el migratorio y comercial, por las medidas relacionadas con la frontera y los aranceles a los que Trump ya dio luz verde.
«Si realmente se va a luchar contra los carteles de manera efectiva, tiene que ser un esfuerzo conjunto de los gobiernos de Estados Unidos y México, y creo que la designación envenenará las voluntades y dificultará hacerlo», subrayó Blazakis.
* Con reportería desde Ciudad de México de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en México.
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