La jueza Xinis calificó la deportación de Ábrego García de “acto ilegal” al emitir su orden este viernes.

En una publicación en X, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, se refirió a la jueza Xinis como una “marxista” que “ahora se cree presidenta de El Salvador”.

Mientras, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo: “Sugerimos que la jueza se comunique con el presidente Bukele porque desconocemos que el juez tenga jurisdicción o autoridad sobre el país de El Salvador”.

Kilmar Armando Ábrego García, de 20 años, fue detenido el 12 de marzo tras una jornada de trabajo como aprendiz de chapista en una construcción en Baltimore, Maryland, según la denuncia presentada ante un tribunal federal por sus abogados.

Tres días después, el 15 de marzo, fue expulsado del país en uno de los tres vuelos que partieron de EE.UU. en medio de una batalla legal, después de que el presidente Trump invocara una ley del siglo XVIII para justificar la deportación y un juez federal tratara de bloquear la decisión.

Luego se especificaría que en los vuelos habían llegado 261 indocumentados, de los cuales 238 se dijo que eran presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y 23 supuestos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), a pesar de que hasta el momento no se han mostrado pruebas de su vinculación criminal.

El tribunal finalmente estableció que no debía ser deportado a El Salvador, al considerar que su temor a ser allí perseguido y torturado era creíble.

Como resultado de esa determinación, el joven salvadoreño fue liberado y desde entonces había vivido en Maryland con su esposa, una ciudadana estadounidense, y el hijo de ambos.

Fue su mujer la que lo reconoció en un video del traslado al Cecot distribuido por el gobierno de El Salvador y compartido por el propio Bukele en las redes sociales.

La administración Trump aseguró tras reconocer que la deportación se trató de un error que no había nada que pueda hacer para facilitar el regreso de Ábrego García a la custodia de EE.UU., algo que solicitaron los abogados de este.

Ábrego García “salió de El Salvador cuando tenía unos 16 años, huyendo de la violencia de las pandillas. Desde 2006 miembros de las pandillas lo habían acosado, golpeado y amenazado con secuestrarlo y matarlo con el objetivo de coaccionar a sus padres para que sucumbieran a la extorsión”, aseguraron los abogados del joven en su demanda.

“Aunque ha sido acusado de ‘afiliación general a pandillas’, el gobierno de EE.UU. nunca ha presentado la más mínima evidencia que respalde la infundada acusación”, argumentaron.

El Departamento de Justicia había instado a una jueza Xinis a rechazar la petición de los abogados, argumentando que el gobierno estadounidense no tiene la potestad para forzar a El Salvador a realizar la devolución del preso y que los tribunales tampoco tienen la autoridad para emitir tal orden.

La administración Trump reconoció que el ICE “estaba al tanto de la protección contra la deportación” con la que contaba Ábrego García, y que lo expulsó “debido a un error administrativo”.

“Fue un descuido y la deportación se llevó a cabo de buena fe, basándose en la existencia de una orden final de deportación y la supuesta pertenencia de Ábrego García a la MS-13”, escribió Robert Cerna, director interino de la oficina de campo de operaciones de cumplimiento y deportación de ICE, en la declaración presentada ante el tribunal.

La administración Trump alegó además que, a pesar del “error de buena fe”, es poco probable que Ábrego García enfrente tortura en El Salvador, en parte porque el gobierno estadounidense llevó a cabo una amplia evaluación de las intenciones del gobierno salvadoreño antes de los vuelos de deportación.

“Este tribunal debería someterse a la determinación de que Ábrego García probablemente no será torturado o asesinado en El Salvador”, escribieron los fiscales del Departamento de Justicia.

“Aunque el gobierno se equivocó al expulsar a Ábrego García específicamente a El Salvador, el gobierno no habría enviado a ningún extranjero a El Salvador (…) de creer que al hacerlo violaría las obligaciones de Estados Unidos” asumidos al suscribir un tratado internacional contra la tortura.

Esta es la primera vez que el gobierno de EE.UU. reconoce haber cometido un error en las deportaciones, pero familiares de los expulsados apuntan a otros casos.

Así, Mercedes Yamarte le contó a BBC Mundo que su hijo Mervin, a quien también reconoció en el video distribuido por el gobierno salvadoreño, había sido detenido en Dallas, Texas, pero que no tiene vínculo criminal alguno.

El relato es similar al de Myrelis Casique López, de Maracay, quien le aseguró a BBC Mundo que su hijo pensaba sería deportado de Texas a Venezuela y acabó en la megacárcel salvadoreña.

En la misma línea, Nathali Sánchez le aseguró al medio El Estímulo que su esposo, el venezolano Arturo Suárez Trejo, a quien identificó en las imágenes compartidas en las redes sociales gracias a un colobrí tatuado en el cuello, fue enviado al Cecot a pesar de que nada tiene que ver con el Tren de Aragua.

Según la página del Departamento de Justicia, el caso de inmigración de Suárez sigue pendiente. Y de acuerdo a documentos facilitados por su familia al medio venezolano, el joven no tiene historial criminal en su país de origen.

Es lo mismo que argumentan los familiares de Neri Alvarado, un venezolano que trabajaba en una panadería de Dallas, Texas. Según estos le contaron a la estación local de la Radio Pública Nacional (NPR) de EE.UU., el ICE lo detuvo a pesar de no tener vínculos criminales.

Estos son solo algunos de los casos que familiares aseguran fueron deportados por error.

La Casa Blanca no ha hecho públicas hasta el momento evidencias que relacionen a los deportados que fueron expulsados de forma sumaria con el Tren de Aragua, una banda surgida en una cárcel de Venezuela y expandida por toda la región, o con la MS-13, una de las pandillas más notorias de El Salvador y que en su momento aterrorizó a Centroamérica.

De la misma manera, Tom Homan, el designado por Trump como “zar de la frontera” y encargado de su política de deportación, ha insistido, sin proporcionar detalles específicos, en que el público debe confiar en que ICE ha identificado correctamente a los venezolanos a partir de “investigaciones criminales”, publicaciones en las redes sociales y vigilancia.

Sea como fuere, las expulsiones tuvieron lugar después de que el presidente Trump invocara como justificación la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y a pesar del intento de un juez federal de bloquearla.

En una audiencia celebrada el 15 de marzo, James Boasberg, el principal juez federal en Washington D.C., impuso una orden de restricción temporal sobre el uso de la ley y ordenó el regreso de los vuelos de deportación que ya habían partido.

Sin embargo, las deportaciones continuaron y la Casa Blanca ha pedido al Tribunal Supremo que levante las restricciones, mientras el juez Boasberg ha declarado su intención de “llegar al fondo del asunto” para determinar si el poder Ejecutivo desoyó o no al Judicial.

En una publicación en la red social X, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió un video en el que muestra a hombres siendo bajados de un avión y llevados a celdas de prisión.

“Todos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluyendo seis violadores de menores”, escribió, aunque omitió sus nombres y los detalles de los presuntos delitos.

Una lista publicada por un medio estadounidense y validada por la Casa Blanca sugiere que, de los 17 deportados, al menos 12 tenían antecedentes penales, uno confesó ser pandillero y tres enfrentaban cargos.

El restante, según la información disponible, no habría sido condenado por delito alguno.

Bukele agregó que “esta operación es un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.

El gobierno de Venezuela está realizando gestiones para lograr la liberación de los deportados, mientras aceptó recibir a otros expulsados.